La gran cantidad de modificaciones al proyecto de ley de reforma migratoria, unas 300, presagia un debate arduo y prolongado con propuestas como pedir que los inmigrantes sin papeles aporten una muestra de su ADN cuando soliciten legalización.
    El comité comenzará a sesionar en pleno a partir del jueves para someter a votación cada enmienda y posteriormente votar el proyecto de ley.
    Los 18 integrantes del comité judicial propusieron el martes al menos una centena de modificaciones y la mitad fue presentada por el senador Jeff Sessions (republicano de Alabama), uno de los principales críticos a la iniciativa legislativa.
    Su correligionario, Orrin Hatch (republicano de Utah), presentó 24, entre ellas la de aportar obligatoriamente una muestra de ADN.
    El líder de la bancada, Chuck Grassley, (republicano de Iowa) anunció que presentaría varias enmiendas, pero no precisó una cifra.
    Al concluir el plazo para proponer cambios el martes, la página web del comité judicial no mostraba enmiendas a nombre de republicanos como John Cornyn, Michael Lee, Ted Cruz, y los dos integrantes del grupo de ocho que redactó el proyecto de ley: Lindsey Graham y Jeff Flake.
Las posturas de Sessions
    Sessions destacó una propuesta suya para limitar en 30 millones la cantidad de extranjeros admitidos en Estados Unidos durante la próxima década.
    “30 millones, si bien considerablemente menor a lo propuesto por el Grupo de los Ocho, es todavía una cantidad extremadamente alta y debe ser reducida aún más”, indicó el senador por Alabama en un comunicado. “Pero esta enmienda es un comienzo para revertir el flujo extraordinario e inaceptable de extranjeros en el futuro que estipula el proyecto de ley”.
    El proyecto de ley no menciona una cifra específica.
    Hatch también propuso reformar el código penal estadounidense para aumentar la sentencia a 20 años de cárcel -respecto a los cinco años en la actualidad- para quienes apelen a documentación fraudulenta para “facilitar o asistir la asistencia o contratación de trabajadores no autorizados”.
    Entre las modificaciones restantes propuestas por el senador de Utah, una busca establecer un periodo mínimo de cinco años con el estatus legal provisional antes de recibir subsidios a la atención médica contemplados en la reforma de salud aprobada en 2009.
Las enmiendas de Leahy
    El presidente del comité judicial, Patrick Leahy (demócrata de Vertmont), presentó seis propuestas. Una busca permitir a los ciudadanos estadounidenses ofrecer su patrocinio para que parejas del mismo sexo regularicen su estatus migratorio, y otra aspira a que los inmigrantes sin papeles puedan pagar multas en cuotas.
    La senadora Mazie Hirono (demócrata de Hawai) presentó cuatro enmiendas para excluir a los hijos de algunos filipinos en la segunda guerra mundial de las limitaciones numéricas impuestas a las visas estadounidenses de inmigrante, y para brindar a ciudadanos chinos visas de entradas múltiples a territorio estadounidense.
    Los autores del proyecto de reforma a las leyes de inmigración se han comprometido públicamente a contrarrestar enmiendas que busquen debilitar la iniciativa, la cual busca conceder la opción de naturalización a 11 millones de inmigrantes sin papeles siempre y cuando se adopten medidas para aumentar la seguridad en la frontera.
    El resto del grupo lo completan los republicanos John McCain y Marco Rubio, y los demócratas Chuck Shumer, Bob Menéndez, Dick Durbin y Michael Bennet.
Los partidarios de la reforma pronosticaban una fuerte ofensiva del otro bando a través de las enmiendas.
    “Buscarán hacer el proceso más difícil, más costoso, reducir la cantidad de beneficiarios para debilitar el programa y desestabilizar la coalición que apoya la reforma”, señaló Lynn Tramonte, subdirectora de la organización pro reforma migratoria America’s Voice. “Así que estaremos muy pendientes de esos aspectos”.
Los detractores del proyecto de ley “deberían darse cuenta de que no podrán sacar adelante una enmienda para eliminar el programa completamente. Ese debate terminó y lo perdieron”, dijo la activista.
    El proyecto de ley busca condicionar a un reforzamiento de la seguridad fronteriza la opción de la naturalización para los 11 millones de inmigrantes sin papeles que no tengan prontuario policial, paguen multas por “$2 mil y pasen 10 años con un estatus provisional que les permita trabajar y viajar al extranjero.

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